respeto de su dignidad inherente", que es el propósito de la Convención.
Según dicho texto: "La Convención se concibió como un instrumento de derechos humanos con una dimensión explícita de desarrollo social. En ella se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos".
En el 2013 el Estado Colombiano presentó el informe inicial en el que reportó las acciones adelantadas entre el 1 de agosto de 2009 y el 30 de abril de 2013 en la implementación de la Convención. Para la elaboración de este informe se consultó un amplio número de instituciones que conforman el Estado colombiano, organizaciones de y para personas con discapacidad y representantes de la sociedad civil, así como entidades públicas de orden departamental, distrital y municipal. La recopilación de la información se realizó por medio de diferentes mecanismos que incluyeron reuniones formales, teleconferencias, procesos de consulta y formularios en línea, entre otros y las consultas en línea se hicieron a través de documentos electrónicos accesibles para personas con discapacidad.
El 26 de febrero de 2016 la Coalición Colombiana para la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó, al Comité de Naciones Unidas encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención, la propuesta de lista de cuestiones sugeridas que el Estado colombiano debía responder con anterioridad a la audiencia del mes de agosto del presente año. Finalmente el 28 de abril la ONU emitió el listado de cuestiones definitivo el cual fue respondido por el Estado Colombiano un mes después en el documento "Respuestas del Estado Colombiano al Listado de Cuestiones relativas al Primer Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad".
Al mismo tiempo organizaciones sociales se han dado a la tarea de desarrollar informes alternos que, junto con el del actual gobierno, fueron presentados durante el primer semestre de este año ante el Comité de Discapacidad de las Naciones Unidas:
- Informe alternativo de la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Informe alternativo para la ONU “Discapacidad e inclusión social en Colombia: Logros y retos” de la Fundación Saldarriaga y Concha.
Según la Coalición, gracias a estos informes alternativos se puede mostrar a la comunidad internacional y a los comités de monitoreo de la ONU, desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad, el nivel real de aplicación e implementación de la Convención; representan información adicional a la presentada por el gobierno colombiano con la cual se le pueden hacer recomendaciones para que cumpla adecuadamente sus obligaciones internacionales; es un mecanismo para denunciar y hacer evidentes violaciones a derechos humanos que el informe del Estado haya omitido o resaltar avances que deben continuar.
Lea en este enlace el Comunicado de prensa emitido por la Coalición Colombiana por la Implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Bubulina Moreno y Andrea Cortés hablan del examen de Colombia ante el Comité de Discapacidad de la ONU los días 23 y 24 de agosto de 2016
